Una petición para salvar BioWare con 2.300 firmas no basta: la decisión sigue en manos de EA
La petición e-7898 ha llegado a la Cámara de los Comunes con más de 2.300 firmas, muy por encima de las 500 que la ley canadiense exige para que entre en la agenda. Merece atención, y también un poco de frío: lo que reclama y lo que puede conseguir no coinciden.
Mi tesis es sencilla. Esta petición sirve como termómetro del malestar por el cierre de BioWare, pero no como palanca para reabrirlo. La decisión nunca estuvo en Ottawa, y sigue sin estar.
El texto pide al Gobierno dos cosas: dotar al estudio de la financiación necesaria para asegurar su independencia y, en el mejor de los casos, recuperar de EA propiedades como Mass Effect y Dragon Age. La meta última, dice, es que EA traspase el estudio y sus franquicias a los trabajadores con ayuda del Estado. Es una idea coherente con la que ya planteó Avi Lewis, líder del Nuevo Partido Democrático, de que los empleados compren el estudio con apoyo federal, como contamos.
El obstáculo es de propiedad, no de voluntad política. Aunque el Gobierno compartiera la intención de la petición, BioWare sigue siendo de EA, igual que sus sagas. Cualquier operación de compra necesitaría el visto bueno de la compañía, y nada indica que esté dispuesta a darlo: en octubre clausuró BioWare, despidió a más de 400 empleados de varios de sus estudios y canceló Mass Effect 5.
Hay, además, una lectura económica que la petición esquiva. Dos meses antes de ese cierre se había formalizado la compra apalancada de la editora por parte del fondo saudí, Silver Lake y Affinity Partners, una operación una operación que dejó a EA con una deuda de unos 20.000 millones de dólares. Una empresa en esa situación difícilmente se desprenderá de sus franquicias más reconocibles, que son justo lo que da valor a su balance.
Donde la petición flaquea más es en el relato. Sostiene que el cierre supone «una pérdida inmensa y posiblemente un ataque dirigido» al legado cultural del país. Ese «posiblemente» lo dice todo: nada apoya una intención dirigida contra Canadá, y apoyar una campaña sobre una sospecha debilita lo que sí es sólido. Y lo sólido es bastante. El texto defiende que BioWare es «una de las exportaciones culturales más importantes de Canadá en el siglo XXI», con decenas de millones de juegos vendidos en todo el mundo, y ese argumento no necesita agravios añadidos.
Le concedo a la petición su valor político. Que 2.300 personas firmen, que el asunto llegue a la Cámara y que un partido ya lo haya hecho suyo obliga al Gobierno a pronunciarse. Una respuesta oficial, aunque sea tibia, dejaría constancia pública de qué piensa Ottawa sobre sus estudios culturales. El plazo para firmar termina en marzo del año que viene, así que la cifra seguirá subiendo.
Pero conviene medir la expectativa. Una petición parlamentaria no compra un estudio, ni obliga a una editora a venderlo, ni resucita un juego cancelado. Si BioWare tiene algún futuro como estudio independiente, dependerá de una negociación con EA, y esa mesa todavía no existe.
